El Congreso y los lobbies: más de tres décadas de intentos fallidos para regular los grupos de presión

El Parlamento Europeo cuenta con un listado que incluye a más de 13.700 lobbies o grupos de presión. La cifra es fácil de localizar en el portal de transparencia, que obliga a cada una de estas organizaciones a registrarse y dar cuenta detallada de cada una de sus visitas a la institución y las reuniones que mantienen con los eurodiputados. En esa página se puede localizar si esos grupos representan intereses comerciales o de algún tipo de colectivo social y también el sector al que pertenecen.

Este registro es de momento una quimera en España. El Congreso y el Gobierno se han inspirado en el modelo europeo para impulsar sus propias iniciativas con el objetivo de dar mayor transparencia a las reuniones que tienen en nuestro país los cargos públicos con empresas, consultoras o agencias de asuntos públicos que funcionan como grupos de interés o de presión y que se conocen popularmente bajo el anglicismo 'lobbies'.

Pero esta no es ni mucho menos la primera vez que el Congreso, el Gobierno o los partidos políticos tratan de poner en marcha una regulación sobre las relaciones entre las empresas y los poderes públicos. Hasta ahora, sin ningún tipo de éxito. Por el contrario, hasta no hace tanto tiempo lo más habitual era que las instituciones pusieran trabas a la hora de hacer públicas este tipo de reuniones.

Los primeros intentos de regular este asunto se remontan a los 90. En esos años se pueden encontrar algunas iniciativas en forma de proposiciones no de ley, aunque hubo incluso un amago previo en el debate constitucional: Alianza Popular quiso introducir un voto particular para incluir en el artículo 77 dos puntos que habilitaban a las comisiones a recibir delegaciones de “grupos legítimos de intereses” en sesiones públicas y también instaban a la creación de una ley que estableciera un control y un registro de este tipo de grupos. Pero ese voto nunca consiguió los apoyos, tal y como recoge un informe de Transparencia Internacional de 2014.

En 1990 el Partido Popular registró una PNL que buscaba regular los despachos que gestionaban intereses particulares y que podían influir en asuntos públicos. Aquella iniciativa fue aprobada con una enmienda del Grupo Socialista, pero al no tener valor legislativo, quedó en una mera declaración de principios a la que el Gobierno de aquel momento nunca hizo demasiado caso.

Algo parecido había sucedido con otras tres propuestas presentadas entre 1992 y 1993 por el Centro Democrático y Social (CDS), el partido que fundó Adolfo Suárez tras abandonar la Unión de Centro Democrático (UCD). Solo la última obtuvo el apoyo de la Cámara Baja también gracias a una enmienda del Partido Socialista. En ella, el Congreso instaba al Gobierno a “estudiar la conveniencia” de establecer un registro público de grupos de interés y de remitir, si así lo consideraba oportuno, una proyecto de ley para ponerlo en marcha.

En los años sucesivos, varios grupos han intentado de nuevo sacar adelante en el Congreso iniciativas similares, la mayoría también en forma de proposiciones no de ley, como la que registró en 2008 el grupo formado por ERC, IU e ICV, con la que instaban al Gobierno a crear un registro de lobbies gestionado por la Cámara Baja. Aquella proposición ni siquiera consiguió la mayoría del Pleno. Lo mismo ocurrió con un segundo intento en la misma línea en 2012, ya con Mariano Rajoy en el Gobierno.

Los movimientos se han multiplicado en la última década. En 2014 el PP fracasó en su intento por reformar el reglamento del Congreso para incluir un registro de este tipo de grupos de presión. Dos años después, en 2016, el grupo mixto presentó una propuesta similar y, aunque dio algunos pasos en el Congreso, la proposición terminó decayendo por la disolución de las Cortes ante la convocatoria anticipada de elecciones de aquel ciclo político convulso. Un año antes, Convergencia i Unió había conseguido aprobar una resolución en un debate sobre el Estado de la Nación que también quedó en una simple declaración sin efecto.

En 2017, hubo dos intentos más. Uno liderado por Ciudadanos, dentro de una ley más amplia que buscaba regular los lobbies. El PP registró también por su parte una propuesta similar a la que había probado unos años antes. Ambas terminaron fracasando por distintos motivos.

El Congreso retoma los esfuerzos

En 2020, ya con Sánchez en La Moncloa, el Congreso aprobó un código de conducta para obligar a los diputados y diputadas a hacer públicas estas reuniones. “Los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”, reza esa resolución.

No obstante, tres años después de aquello, en 2023, la Oficina de Conflicto de Intereses reprochaba que solo el 10% de los diputados y senadores publicaban sus agendas al completo. 

Con el objetivo de dar más transparencia a estas actividades, el nuevo plan que acaba de poner en marcha el Congreso contempla una regulación de los grupos de interés con una definición concreta y una delimitación del tipo de actividades que se consideran parte de la influencia de esos grupos en los diputados. Y proponen la creación de un registro de grupos de interés similar al que funciona en el Europarlamento. En él deberán inscribirse aquellas organizaciones, entidades y personas que realicen esta actividad de influencia. 

“La inscripción será obligatoria, pública y de acceso gratuito, y estará condicionada al cumplimiento del Código de Conducta. Además, se garantizará la accesibilidad en el proceso de registro y en la publicación de información sobre los grupos inscritos”, explica el plan, que detalla que se incorporará un sistema de publicidad de estas visitas para hacer públicas las agendas de las reuniones. “Se incluirá la identidad de las partes intervinientes, la fecha del encuentro y el contenido general de las cuestiones tratadas y se publicará una guía para la gestión de las agendas de acuerdo con la medida siguiente del presente Plan”, expone.

El Gobierno impulsa un proyecto de ley

Casi en paralelo a la aprobación de este plan, que ahora se tiene que poner en marcha y está limitado a la actividad parlamentaria, el Congreso empezó a tramitar esta semana una ley del Gobierno que pretende regular la actividad de los grupos de presión. Se trata de un proyecto que aprobó el anterior Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, pero que quedó en el limbo parlamentario y terminó decayendo con la convocatoria electoral. Ahora el ministerio de Función Pública que lidera Óscar López lo ha recuperado y el martes pasó un primer examen en la Cámara Baja, al tumbar el Pleno la enmienda a la totalidad de Vox.

De acuerdo con el texto del gobierno, estos grupos de presión tendrán que firmar un código de buenas prácticas para poder figurar en el registro que se va a crear cuando esta ley entre en funcionamiento. La ley plantea sanciones que podrían llegar a la exclusión de la lista durante tres años. Fuera de ese registro, los lobbies no podrán reunirse con representantes públicos y de la administración.

El martes, solo Vox se mostró en contra del texto del Gobierno. El bloque de investidura votó en contra de la enmienda de la extrema derecha y dio continuidad a su tramitación mientras que el PP se abstuvo. Sin embargo, los antecedentes de este tipo de iniciativas no son muy halagüeños: desde la década de los 90 el Congreso ha sido incapaz de sacar adelante una reforma del estilo, pese a que ya hace tiempo que la regulación de los lobbies está presente en los programas electorales de la mayor parte de partidos. En las últimas elecciones, tanto el PSOE como Sumar y el PP llevaban propuestas en este sentido.

Este tipo de reuniones de diputados o representantes públicos con lobbies son clave en muchas ocasiones para la elaboración de políticas públicas, leyes o iniciativas legislativas. Muchas grandes empresas cuentan con sus propios departamentos de relaciones institucionales y también proliferan consultoras dirigidas por expolíticos que se encargan de hacer este tipo de labores para otras compañías. Harmon, donde está el exdiputado socialista Eduardo Madina o Acento, del exministro socialista José Blanco, son dos ejemplos de ello.

Acento fue noticia hace aproximadamente un año al trascender que el exministro de Consumo y exlíder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, había fichado por esa consultora. La noticia sentó muy mal entre la militancia de su partido y muchas caras conocidas criticaron la decisión en público. A las pocas horas, el exdirigente anunció que finalmente no se incorporaría a la consultora. “No quiero que mi decisión personal perjudique a mis antiguos compañeros y compañeras de militancia”, dijo.

La regulación de los lobbies es moneda corriente en otros países de nuestro entorno y en la propia Unión Europea, aunque los auditores de esta institución alertan frecuentemente de los agujeros que deja la legislación, que no cuenta por ejemplo con un régimen sancionador. 

En 2021, un informe elaborado por organizaciones independientes reveló que las empresas tecnológicas se dejan hasta 97 millones de euros al año en sus actividades de lobby para influir en las regulaciones y políticas de la Unión Europea. Ese informe, The Lobby Network, elaborado por Corporate Europe Observatory (CEO) y Lobbycontrol, desgranaba la existencia de más de 612 empresas destinadas a ejercer influencia en las instituciones europeas y colocaba al sector tecnológico como el grupo de presión más importante de la UE en cuanto a gasto, por delante de la industria farmacéutica, los combustibles fósiles, las finanzas y los productos químicos.