El alivio del Gobierno de Canarias frente a la preocupación de las ONG: una mirada a la resolución del Supremo

La reciente decisión del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno central a asumir la tutela de más de un millar de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes no acompañados solicitantes de asilo en Canarias, ha sido recibida con júbilo por el presidente canario, Fernando Clavijo. En contraste, organizaciones como Save the Children han manifestado su profunda preocupación por las implicaciones de esta resolución en el respeto del principio del interés superior del menor (ISM).

Desde hace años, Canarias ha sido la puerta de entrada de miles de personas migrantes que buscan una vida mejor en Europa. En este contexto, el Archipiélago ha debido asumir una carga desproporcionada en la acogida y protección de NNA no acompañados. La saturación de los centros, la falta de recursos y la inacción del Estado han sido reclamos constantes del Gobierno canario, que ha exigido en múltiples ocasiones una distribución equitativa de estos NNA entre todas las comunidades autónomas.

La resolución del Supremo ha sido interpretada por Clavijo como una victoria política y administrativa, un alivio para un sistema de protección a la infancia que se encontraba desbordado. Desde su perspectiva, el fallo reconoce la imposibilidad de que una sola comunidad autónoma pueda gestionar en solitario un fenómeno de tal magnitud y obliga al Gobierno de España a asumir una responsabilidad que, hasta ahora, parecía diluirse en la burocracia estatal. Clavijo ha calificado la resolución como una “luz al final del túnel” y ha señalado que el retraso en la redistribución de menores por parte de algunas comunidades autónomas ha sido un acto de “mala fe”, lo que, en su opinión, agrava la situación de los niños y niñas que permanecen en condiciones no idóneas.

Sin embargo, la euforia del Gobierno canario contrasta con la preocupación de organizaciones de derechos humanos y protección infantil. Save the Children ha advertido que esta medida podría derivar en el traslado de estos menores a centros de acogida para adultos y familias solicitantes de asilo, lo que vulneraría el principio del interés superior del niño recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño. La organización insiste en que los menores migrantes no son simples cifras a redistribuir, sino niños y adolescentes con derechos específicos que requieren protección, estabilidad y un entorno adaptado a sus necesidades.

Este conflicto de posturas pone de manifiesto la disyuntiva entre una gestión basada en criterios administrativos y una perspectiva centrada en los derechos de la infancia. Si bien es innegable que Canarias necesita apoyo en la atención a estos menores, la solución no puede consistir en trasladarlos sin garantías adecuadas. Lo que parece un alivio para un Gobierno autonómico puede convertirse en una grave vulneración de derechos para los niños y niñas que migran solos.

La resolución del Supremo abre un nuevo escenario en la gestión de la migración infantil en España, pero deja en el aire una cuestión fundamental: ¿se garantizará realmente el bienestar y la protección de estos NNA o quedarán relegados a una solución de conveniencia política? Mientras el Gobierno de Canarias celebra, las ONG siguen alertando sobre el peligro de convertir a la infancia vulnerable en un problema a gestionar, en lugar de una responsabilidad que proteger.