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La Justicia anula las elecciones de CGT Andalucía porque se convocaron ignorando a la afiliación

Varias personas con banderas de CGT, en una concentración.

Néstor Cenizo

Málaga —
7 de marzo de 2025 06:00 h

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Congreso Extraordinario de CGT Andalucía (CGT-A) y, con ello, las elecciones de las que salió elegida una nueva dirección de la federación andaluza de la organización anarcosindicalista.

En una sentencia dictada este miércoles, los magistrados concluyen que la dirección confederal (estatal) no respetó los Estatutos de la organización, que obligan a que la convocatoria tenga el respaldo de un tercio de los afiliados andaluces. La decisión del alto tribunal andaluz supone devolver la plena legitimidad al secretariado permanente de CGT-A elegido en abril de 2023 con un 91% de los votos, encabezado por Juan Antonio Guerrero Márquez como secretario general y Miguel Montenegro como secretario de organización.

El Congreso Extraordinario que ahora se anula se celebró el 30 de noviembre, y la dirección saliente denunció ante los tribunales las maniobras de la dirección confederal, encarnada por Miguel Fadrique (secretario general de CGT desde junio de 2022), para convocar el Congreso y descabalgarla a pesar de no contar con un apoyo mayoritario entre la afiliación.

La disputa ha provocado desde entonces un cisma en la organización. Tanto el secretariado permanente salido del Congreso, liderado por Pilar Encuentra, como el liderado por Guerrero, se decían legítimos representantes de CGT-A. Ya el 30 de noviembre se vivieron escenas de tensión en el local sevillano en el que se celebró el Congreso Extraordinario, donde al menos una decena de personas increparon a los recién elegidos entre acusaciones de “atraco”.

La pugna subió de intensidad y escaló a nivel estatal cuando, a principios de febrero, se produjo un forcejeo por el acceso a la sede madrileña del sindicato. A voces y empujones, Montenegro fue rechazado, y acusó a la dirección confederal de poner “matones”. Esta replicó acusándole de liderar “una acción violenta”. Sin embargo, varias federaciones desmintieron esta versión y acusaron a Fadrique de tratar de imponer un relato falso para purgar a los líderes andaluces.

Los críticos de Fadrique también le acusan de intentar “verticalizar” CGT quitándole su esencia asamblearia y libertaria, al desfederar secciones no afines y expulsar a afiliados díscolos. En julio de 2024 la Audiencia Nacional condenó a CGT por vulnerar los derechos fundamentales de sus afiliados del sindicato del sector ferroviario: Fadrique convocó unas elecciones sin estar legitimado. La Audiencia Nacional anuló la convocatoria y las elecciones.

Incumplimiento de los Estatutos

La nueva sentencia del TSJA, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, hace algo similar: anula las elecciones, devuelve la plena legitimidad al liderazgo de Guerrero y Montenegro y zanja de momento la batalla andaluza. Fadrique señala que “se va a recurrir, evidentemente”.

En estos meses, ambas partes se han arrogado la dirección de CGT-A, las cuentas bancarias han estado bloqueadas y las cuentas de algunas redes sociales estuvieron en disputa Pilar Encuentra fue entrevistada como “nueva secretaria general” en Rojo y Negro, la revista de la CGT dependiente de la dirección confederal. Pero Montenegro y Guerrero no han dejado de hablar en nombre de CGT-A y el Ministerio de Trabajo ha seguido reconociéndolos como secretariado permanente por estar el asunto ante los tribunales.

La resolución del TSJA les da la razón. Los magistrados razonan que la convocatoria, impuesta por Fadrique desde la Secretaría General Confederal de CGT, no respetó los Estatutos que obligan a contar con el respaldo de un tercio de la militancia para convocar un Congreso Extraordinario: “Resulta con innegable claridad que la convocatoria de un Congreso Extraordinario ha de ser solicitada por 1/3 de los afiliados, que no por 1/3 de los sindicatos integrantes de la CGT-A, como parecen entender los demandados”.

La sentencia subraya que una decisión como esa, de máxima trascendencia en una organización sindical, se amolde “escrupulosamente” a las reglas de funcionamiento interno, algo que no habría ocurrido. Aquí, la dirección de CGT-A había recibido la solicitud de convocatoria de un tercio de sus sindicatos, a los que pidió las actas de las asambleas para comprobar que la petición estaba respaldada por los afiliados. Nunca las recibió, porque nunca hubo asambleas. Y la única que sí se celebró, la del Sindicato de Transportes y Comunicaciones de CGT Sevilla, tuvo un resultado “flagrantemente negativo” (en palabras del TSJA) en contra de celebrar el congreso.

Ante la negativa de CGT-A a convocar mientras no tuviera las actas, la dirección de CGT confederal convocó el Congreso Extraordinario sustituyendo a la dirección de CGT-A.

Actuación “lógica y razonable” de CGT-A

Los jueces amparan la actuación de Guerrero y Montenegro, que califican de “lógica y razonable”: examinar si se daban los requisitos para convocar y requerir a los solicitantes que acreditaran que la convocatoria estaba respaldada por el mínimo de afiliados exigido por los Estatutos.

“Tal y como el Secretariado Permanente ha dicho hasta la saciedad, las garantías estatutarias no se cumplían”, señala Montenegro, que atribuye la convocatoria del Congreso ahora anulado a los “intereses espurios de un grupúsculo, que quieren situar al sindicato en órbitas de los partidos políticos”.

“Solicitamos a toda la afiliación, militancia, secciones sindicales, sindicatos y Federaciones, paciencia para que pueda reconducirse este mal sueño al que nos ha llevado un individuo que no puede seguir ni un minuto más como Secretario General de CGT”, dice en alusión a Fadrique, quien no ha querido valorar la sentencia para este medio. Tampoco lo ha hecho Pilar Encuentra.

CGT-A cuenta con unos 11.500 afiliados, 600 delegados sindicales y 45 sindicatos afiliados. Es mayoritaria en el sector del telemarketing, el de auditorías y estudios de mercado, en las Agencias de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA) y de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), o en ayuntamientos como Jerez o Alcalá del Valle (Cádiz).

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